El gobierno de Trump está gastando 1.500 millones de dólares para comprar dos prisiones privadas en California y convertirlas en centros de detención del ICE, una mala noticia para los detenidos, la supervisión y los críticos del ICE que defienden la libertad de expresión.

• Las dos prisiones del sur de California seguirán siendo administradas por la empresa privada CoreCivic, aunque ahora sean propiedad de los contribuyentes, lo que mantiene un incentivo con fines de lucro para detener a más personas.
• La propiedad federal le permite al ICE eludir las normas de supervisión de California y protege a las instalaciones frente a demandas por abusos, trabajos forzados y muertes bajo custodia.
• La detención por parte del ICE aumentó de 45.000 a más de 63.000 personas, y al menos 21 personas han muerto bajo custodia este año.
• El organismo de control interno del ICE está investigando ahora a ciudadanos estadounidenses que critican al ICE en internet, con 131 casos abiertos y agentes enviados a interrogar a los críticos por correos electrónicos con un tono contundente.
• Los críticos califican esto como una violación de la Primera Enmienda destinada a atemorizar a las personas para que guarden silencio, en lugar de abordar alguna amenaza real.

Perspectiva: Se espera que el ICE continúe ampliando la detención y la vigilancia mientras enfrenta menos rendición de cuentas legal, con mayor resistencia por parte de los grupos defensores de las libertades civiles.